La transparencia por el bien común y el interés público. Escrutinio a la cosa pública y a la privada.

Por Herbert Vargas

La transparencia es una tendencia de nueva aplicación en la región latinoamericana. Como su implementación enfatiza el ejercicio público, depende de variables, ritmos, pulsos y vaivenes políticos. En El Salvador el proceso inició con la promesa del entonces candidato de la izquierda, Carlos Mauricio Funes Cartagena, por transparentizar, modernizar y profesionalizar el ejercicio público.

Esta decisión más que una promesa vacua, constituye una urgencia en la administración del pequeño país centroamericano. Así, en la coyuntura política de la que emerge el primer presidente representante de un proyecto político de amplio espectro, comienza la empresa de construir un andamiaje en la que el ejercicio público se visibilice para el escrutinio incipiente de la ciudadanía y cuyos alcances estribarían en la participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos que eligen. . Esta empresa no tiene precedentes en el país, que al igual que el resto de países latinoamericanos fue sometido a las inequidades de todo tipo, incluyendo las correspondientes a las  asimetrías de información de la cosa pública (Vergara, 2008).

La opacidad en el ejercicio público ha sido la usanza en el desarrollo histórico de las sociedades latinoamericanas. A fuerza de sangre y fuego los regímenes militares que asolaron la región, dieron rienda suelta a uno de los fenómenos culturales que hace posible el subdesarrollo. La aplicabilidad de los fenómenos culturales se da en todos los individuos, organizaciones en una sociedad. Así el Estado es la entidad llamada a reprimir la voluntad de los ciudadanos a través de a ley y las instituciones. Estos conceptos del Estado moderno adoptados por la democracia representativa vigente, abarcan a toda la sociedad, a todos los individuos, a todos los sectores. La plataforma económica del Estado es la determinante sine qua non puede entenderse el ejercicio transparente de la cosa pública. Sin embargo esa plataforma económica no se explica sin en concurso de la ciudadanía. En el estado actual de cosas ese concurso se evidencia en el mercado, compra venta de cosas y servicios, a través de la ley y los derechos, de las obligaciones, y la suma de estas actividades no son posibles en un escenario fuera de lo público…y de lo privado. Si bien es cierto que la transparencia en El Salvador, por ahora abraza exclusivamente el ejercicio público, es menester ampliar, extender el panorama hacia lo privado, hacia el interés público.

La historia demuestra cada vez más la activación de la dicotomía entre lo privado y público, una relación mutuamente incluyente. Esta relación –muchas veces tortuosa-  obliga a que desde el ente responsable de regir a la sociedad en su conjunto –El Estado- emane la ley, que deberá aplicarse a la totalidad de la ciudadanía, sin ambages, ni dobleces, derrumbando las mistificaciones  en que la sociedad salvadoreña había estado acostumbrada a vivir:

“Otro mito que se ha derrumbado es el de la transparencia empresarial, al igual que han perdido credibilidad las ideas propagadas desde los círculos empresariales acerca de la superioridad administrativa y ética del sector privado sobre el sector público. No hay que perder de vista que en un momento en el que la lógica del mercado se impone sin resistencias por el mundo, los epígonos del neoliberalismo no se cansan de repetir la tesis de que el sector público es, por naturaleza, ineficiente y corrupto, mientras que el sector privado empresarial tendría como características distintivas la eficiencia y la honestidad”. (El caso Mathies Hill: los empresarios y la sociedad civil ante la transición democrática Revista ECA. UCA Editores. Obtenido el 7 de diciembre de 2012 desde http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585com1.html)

Y es que existen sobrados casos en el mundo en los que ante una crisis del sector privado, es la sociedad en su conjunto termina pagando. Las ganancias son privadas, los costos públicos. Lo privado no significa un blindaje en sí mismo. Privado denota el usufructo de las condiciones que ofrece la sociedad a través del Estado, para la consecución del lucro. El sector privado es una connotación eminentemente económica. Se refiere al lucro, a la obtención de la ganancia, al mercado. Este sector no puede existir sin el andamiaje que provee el Estado y la administración de este se le confiere el epíteto de “lo público”. Exceptuando las ganancias, las actividades del sector privado incumben a la sociedad en su conjunto. La tranza de materias primas, recursos naturales, humanos, técnicos y servicios para su transformación en ganancias, son obtenidas desde las condiciones propuestas en la sociedad a través del Estado. Por ello, las implicaciones de sus actividades incumben a la sociedad entera, y eso pasa también por la transparencia.

La toma de decisión en el ejercicio público no deja margen a la buena voluntad. A razón de la decisión política del actual presidente Funes, y de suficiente antecedente histórico sobre usos y mal usos de la cosa pública salvadoreña, se inicia en 2011 el proceso de construcción del andamiaje que dará vida a la Ley de Acceso a la Información Pública vigente desde el 7 de mayo de 2012. No obstante queda un claro desafío para que los alcances de la Ley cubran lo suficiente a todos los sectores de la sociedad, mas allá de la plataforma económica en que se desarrolle cada sector, por el bien común establecido en la Constitución de la República y por el interés público. Esta brecha ya ha sido planteada desde la academia:

Que empresarios inescrupulosos atenten contra la estabilidad económica y pongan en riesgo la credibilidad del sistema financiero es algo que no debería ser preocupación sólo de la clase política, sino preocupación de todos los salvadoreños. La indiferencia ante los problemas nacionales que ha predominado hasta ahora debe ser reemplazada por una vigilancia activa. Sólo así se podrá poner un alto a los desmanes de empresarios y políticos deshonestos; sólo así quienes poseen una cuota de poder económico o político sabrán que ello no los convierte en amos absolutos de El salvador. (El caso Mathies Hill: los empresarios y la sociedad civil ante la transición democrática Revista ECA. UCA Editores. Obtenido el 7 de diciembre de 2012 desde http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585com1.html)

¿Beneficios privados, costos públicos?

Para comprender la transparencia desde la perspectiva salvadoreña, es menester visitar los principales antecedentes que evidencian la opacidad en el ejercicio público y cimentar con ello la necesidad que la transparencia amplíe sus alcances al sector privado, considerando que en los 20 años que antecedieron al ascenso del primer  gobierno de amplio espectro en El Salvador ,esta frontera entre lo público y privado  fue casi inexistente a razón de los programas de ajuste estructural que promulgaban la disminución del aparato estatal bajo la figura de privatización de los recursos estatales a concesiones a través de subterfugios legislativos.

Este modelo, implementado a pie juntillas en El Salvador, provocó que la delgada línea en tramos inexistente, entre los grupos empresariales y los administradores del Estado no contuviera la tentación de usufructuar el Estado para beneficio privado. Esta consideración cobra fuerza a razón del tamaño del mercado salvadoreño, en la que los negocios de máximo interés público, como el bancario, se reducen a un puñado de familias dedicadas al sector.

El caso Mathies Hill  (1)

A finales del siglo 20, en pleno apogeo del modelo económico neoliberal, los servicios florecieron en El Salvador. La privatización de la banca, aparece como festín para el puñado de familias de inversores en el negocio emergente. Si bien la rentabilidad es de exclusivo goce de los inversionistas del  sector, la razón de ser de su giro, estriba en el manejo de fondos del público, sujeto a regulación del Estado. La figura de la mano invisible, funcionó. Interesante resulta conocer lo que la gente hace cuando nadie la ve. Más interesante resulta conocer los que la mano invisible del mercado no pudo contener. Un ardid jurídico reza que Todo lo que la ley no prohíbe, se puede hacer. Así, fueron desaparecidos fondos públicos de empresas privadas que la sociedad en su conjunto debió salir pagando.  De estos casos surge la necesidad de establecer “la otra mano”, que sea capaz de contener las tentaciones para que desde lo privado se manipule el interés público en la opacidad de una mano que aunque “no se ve”, no transparenta.

En esta necesidad de transparentar el ejercicio privado en el bien público basaría el accionar del Estado con la creación de la superintendencia del Sistema Financiero, llamada a escrutar los ejercicios financieros de la banca, con la misión de: “Supervisar la actividad individual y consolidada del sistema financiero bajo el enfoque integrado, para contribuir a preservar la estabilidad, eficiencia y transparencia del mismo, cooperando de esa forma con la adecuada protección del usuario financiero”.(2)

En julio de 1997, el Estado Salvadoreño intervino a las financieras FINSEPRO e INSEPRO por operaciones ilegales de traslado de fondos (3). La noticia corrió y cundió el pánico en los inversionistas que se agolparon a las puertas de las financieras. El monto de las estafa ascendía a 1500 millones de colones (moneda nacional de la época).  Por la estafa fueron detenidos los directivos de las financieras. El Estado creó un fideicomiso especial para resarcir a las víctimas por un monto de $120 millones de dólares. Bajo acusaciones de que las financieras imputadas” maquillaron” su estado financiero engañando así a las autoridades, los afectados interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia quien finalmente falló a favor del Estado sobreseyéndolo a cancelar $60 millones reclamados por los afectados. En junio de 2001, Roberto Mathies Hill, presidente de las financieras intervenidas, fue absuelto de todo cargo.

El Caso Guillermo Maza.

Minimizar el Estado. Cortar la grasa de la economía (Estado). Eliminar la burocracia y la ineficiencia estatal, son algunas de las premisas adoptadas por las administraciones neoliberales de finales del siglo 20 y principios del 21, en El Salvador. Esta minimización, llevaría  a que los servicios que antes proveyó el Estado, fueran ofrecidos por empresas privadas con supuesta mayor eficiencia.

 ¡Todo lo que la ley no prohíbe, se puede hacer! En ningún cuerpo legal salvadoreño se establece el empobrecimiento de servicio estatal como política pública. No obstante fue la usanza oficial que se tradujo en beneficio para el sector privado.

El empobrecimiento en la calidad de los servicios públicos de salud, favoreció por más de 2 décadas al sector privado. Los administradores del sector privado de salud, “recomendaban” a sus pacientes el uso de los servicios privados en busca de calidad en la atención. Así, el ex ministro de salud nombrado por el ex presidente Antonio Saca, es a la vez de máximo titular de salud del país, propietario de clínicas privadas que entre los servicios ofertados se encuentra la tomografía axial computarizada, TAC.

Durante los años de su administración, los aparatos TAC de los principales hospitales nacionales del país (Rosales, Maternidad e Infantil), cayeron en deterioro. El Estado manifestó no contar con los recursos para adquirir nuevo equipo. Cada máquina está valorada en $1.5 millones aproximadamente. Para suplir la demanda de estos exámenes, bajo sugerencia del Ex ministro, los pacientes acudían a su clínica privada, los que eran referidos del sistema público pagaban una cuota preferencial de $150 aproximadamente, precio inalcanzable para la mayoría de los usuarios de servicios públicos de salud en el país. Sin embargo, la ley no impedía esa práctica. El ex ministro manifestó en aquella época que hacía labor altruista al atender la demanda insatisfecha por los exámenes que el Estado no podía proveer. (4)  

La crisis global que todos pagamos

«El estallido de la crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario». Tras varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el fenómeno colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio centenar de bancos y entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población.

George Soros

España, Portugal, Grecia, Islandia y próximamente Italia, son tan solo algunos casos en los que la especulación de capitales provoca profundas fisuras en el planteamiento económico que finalmente afecta a sus poblaciones.  Así, la banca internacional cuyos réditos benefician a sus inversores, entra en ciclo catastrófico cuyos costos la sociedad en su conjunto debe asumir.

Para el caso español, se estima que la deuda pública supera 4 veces al PIB. Una política macroeconómica de salva taje en detrimento del interés público. Decisiones privadas que la sociedad española paga con creces. La política de” rescate” de las decisiones privadas en la banca española apuntan hacia la privatización de los servicios de la sanidad pública entre otros importantes recortes en educación y pensiones. En total, las comunidades autonómicas españolas, la ciudadanía ibérica estaría pagando 292.000 millones, casi un 30% del PIB. (5)

En los Estados Unidos la crisis comenzó a percibirse a inicios del siglo 21. Siendo los sectores más afectados de la economía el bursátil e inmobiliario. Así tras numerosos escándalos de incremento de salarios a los funcionarios bancarios y la deprimente situación de la economía estaunidense frente al  auge del BRIC  y la guerra de divisas, puso a prueba la paciencia de los ciudadanos promedio quienes descontentos, conformaron el Movimiento Occupy,  en protesta de una crisis que no compraron pero que deben pagar. Según cifras entregadas por la Fundación Homeless on the World, se estima que cerca de un 15% de la población norteamericana perderá sus viviendas por las altas tasas de interés que se aplicarán a sus hipotecas y que las harán “imposibles de cancelar”.

Transparencia: Escrutinio a la cosa pública y a la privada.

Vergara afirma que “la transparencia es el compromiso que establece una organización gubernamental por dar a conocer al público que lo solicite la información existente sobre un asunto público”.  (Vergara, 2008, pág.18).  No obstante, la historia nos provee demasiados ejemplos que evidencian la urgente necesidad de extrapolar  este concepto. Define las asimetrías de la información como el fenómeno cotidiano que evidencia la necesidad de la transparencia en las organizaciones públicas. La transparencia antecede a la rendición de cuentas. Hace posible que la ciudadanía demande mejores servicios; incentiva al funcionario público a mejorar su desempeño y previene actos de corrupción.

Las implicaciones de la transparencia como valor cultural debe ser aplicables a la sociedad en su conjunto, tal como es aplicable la ley a todos los ciudadanos, sin excepción. Sin embargo la tendencia regional es transparentar el ejercicio de la cosa pública y las razones sobran.

El acceso a la información pública – de interés público- no es de exclusiva responsabilidad del aparato estatal. En el estado actual de cosas, también el sector privado usa información privilegiada de interés público. Para el caso salvadoreño, el registro de personas naturales, la banca privada que maneja fondos públicos, el sector privado de servicios de salud son tan solo algunos ejemplos que no deberán escabullirse en los subterfugios del pasado para no ser regulados o cuestionados por las instituciones del Estado, de la sociedad.

Sin embargo la ley vigente ve limitado sus alcances, así lo demuestra la Ley: Objeto, fines, principios y definiciones Objeto

Art. 1. La presente ley tiene como objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.

Entre los considerandos de la ley, podría interpretarse que ciertas funciones aplicables para el sector privado con interés público están depositadas  en otras normativas como la Ley de ética Gubernamental (no vinculante según el caso), o en las leyes de creación de cada entidad como las superintendencias de pensiones, financiera, electricidad y telecomunicaciones respectivamente,  basadas en códigos vigentes y  en la Constitución de la República.

El uruguayo salvadoreño Marco Rodríguez fue nombrado por el Presidente Carlos Mauricio Funes como sub. Secretario de transparencia y anticorrupción honrando con ello su compromiso de campaña.

Admitiendo que la Ley es de obligatoria aplicación para todos los ciudadanos por igual y asumiendo que la información pública no es de exclusiva administración del Estado; advirtiendo además las competencias asumidas por otras normativas respecto a la ética y el escrutinio especializado sobre instancias privadas de interés público (Superintendencias de telecomunicaciones, salud, pensiones, etc), se le consultó al sub secretario sobre la pertinencia o no de la aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública mas allá del Estado, y esto fue lo que nos dijo:

“La LAIP como mecanismo legal (se basa) en las reglas del sentido común. Debo decir que LAIP es una obligación ética de los agentes de la sociedad. No conozco sociedades transparentes con gobiernos corruptos. El estado tiene una responsabilidad especial pero no única. Es estado por cierto puede ser una herramienta importante de desarrollo, esto no exime que las ONG´S no sean transparentes. FESPAD ya hizo su rendición de cuentas de una iniciativa privada y les felicité por ello”. (8)

A manera de conclusión

Schelder (2008), nos advierte sobre la pertinencia de no confundir meras y estrechas usanzas como la regulación y control con la transparencia. La rendición de cuentas es un acto tan solo de la transparencia. La capacidad de dar respuesta ante el cuestionamiento de las razones (cuentos) e información (cuentas) al respecto de algún resultado. La contraparte de la opacidad tradicional en nuestros estados latinoamericanos. Sin embargo, transparencia va más allá. Es un concepto íntimamente ligado al diseño del poder en la sociedad latinoamericana, que responde a la diferenciación puntual entre Estados y gobiernos.

La transparencia debe ser entendida como valor cultural, como un medio para un fin. La transparencia es un estadio. Aunque no este establecida en la LAIP salvadoreña, deberá integrar nuevas concepciones, de poder, de estado, de la sociedad, de profundización de la participación ciudadana.

La transparencia no debe reducirse al conjunto de normativas y actos legalmente regulados sobre rendición de cuentas en la cosa pública. Esta ley debe considerar a todos los sectores de la sociedad como considerados están en el andamiaje legal del Estado todos los ciudadanos. Esta ley no debe ser la excepción. No considerarla así es conformismo. Es legitimar el valor simbólico de antiguos roles de los sectores de la sociedad que palidecen ante los nuevos tiempos. Es redundar y condenarnos...a la democracia representativa.

Referencias bibliográficas

(1) El caso Mathies Hill: los empresarios y la sociedad civil ante la transición democrática Revista ECA. UCA Editores. Obtenido el 7 de diciembre de 2012 desde http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585com1.html

(2) Superintendencia del Sistema Financiero

http://www.ssf.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=552:mision&catid=100:rotator

(3) El Estado no pagará por fraude FINSEPRO.  La Prensa Gráfica. Publicada el 24 de junio de 2005 y obtenida el 8 de diciembre de 2012 desde http://www.elsalvador.com/noticias/2005/06/24/nacional/nac16.asp

(4) PNC captura al ex ministro Maza por delitos de corrupción. El Faro. Publicada el 5 de abril de 2011 y obtenida el 8 de diciembre de 2012 desde http://elfaro.net/es/201104/noticias/3892/

(5) Alegría F. (2012) Su Deuda privada, “nuestra” Deuda pública. Obtenido el 9 de diciembre de 2012 desde http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143969

(6) Jáuregui, J. (2009) La crisis financiera de los Estados Unidos. Causas, contexto y  dinámicas. IAE. Obtenidos el 9 de diciembre de 2012 desde http://www.iae.edu.ar/antiguos/Documents/iae_11_Pag66.pdf

(7) ¿Cómo entender la crisis de los Estados Unidos? El Ciudadano. Publicado el 8 de agosto de 2008 y obtenido el 8 de diciembre de 2012 desde el sitio http://www.elciudadano.cl/2011/08/08/39275/como-entender-la-crisis-economica-de-estados-unidos/

(8) Transmisión en línea vía Twitcam con Marcos Rodríguez (@MERodriguez53), Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Obtenida el Viernes 7 de diciembre. http://www.transparenciaactiva.gob.sv/perfect-quotes/a-partir-de-hoy-la-subsecretaria-de-transparencia-celebra-la-semana-de-la-transparencia-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-lucha-contra-la-corrupcion-que-se-celebra-el-9-de-diciembre/

Aguilar, J. (2008) Transparencia y democracia: claves para un concierto; Cuadernos de Transparencia 10, IFAI, México:  Obtenido el 8 de diciembre de 2012 desde http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/publicaciones

Schelder, A. (2008)¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de Transparencia03,IFAI, México. Obtenido el 8 de diciembre de 2012 desde http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/publicaciones

Vergara, R.  (2008) La transparencia como problema, Cuadernos de Transparencia 05, IFAI, México. Obtenido el 8 de diciembre de 2008 desde  http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/publicaciones

Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador. (2012). Obtenida desde www.minec.gob.sv

Propuestas para la Ley Nacional de Cultura

de El Salvador: el caos para el desarrollo

Por Herbert Vargas

RESUMEN

Nunca antes en El Salvador, la cultura había despertado tanto interés en la ciudadanía, ni tantas ansiedades. Los aspectos fundamentales en los que se centra ese interés, están íntimamente vinculados al contexto político. El sinuoso trayecto de la cultura de la salvadoreñidad, encuentra un punto de inflexión cuando en marzo de 2009, se rompe la usanza del pequeño país centroamericano de ostentar en su gobierno regímenes militares hasta el ascenso y caída del período de gobiernos civiles ultra  conservadores de inspiración económica neoliberal. En 2009, asciende al ejecutivo por primera vez en la historia un gobierno de amplio espectro político y con ese ascenso las expectativas sobre el devenir de la gestión cultural. En 3 años, mucho se puede decir de este proceso sin precedentes en el que la recién creada Secretaría de Cultura del presidente, SECULTURA, por lo menos da paso a este caos necesario en todo proceso de apertura, ruptura y creación. Este documento esboza las 2 propuestas casi simultáneas de la esperada Ley Nacional de Cultura de El Salvador –una consultoría de SECULTURA y el anteproyecto de Ley formulado por el FMLN-  a ser presentadas al congreso salvadoreño en diciembre de 2012. No pretende establecer valoración sobre estos, sino mas bien dejar constancia de que la participación, el diálogo, la consulta, el escrutinio público al fin, para que sea posible, debe concebirse con el necesario caos, yerros y desaciertos inherentes antes de dar paso a la nostalgia de lo que nunca fue para la cultura del pequeño país.

ABSTRACT

Never before in El Salvador, the culture had so much interest in citizenship, nor so many anxieties. Key aspects focusing on that interest, are closely linked to the political context. The winding path salvadoreñidad culture, is a turning point when in March 2009, breaking the custom of the small Central American country to hold their government military regimes to the rise and fall of the period of ultra conservative civilian government of inspiration neoliberal economic. In 2009, amounts to the executive for the first time in history a government of broad political spectrum and with the rising expectations on the future of cultural management. In three years, a lot can be said about this unprecedented process in which the newly created Ministry of Culture of the president, SECULTURA, at least this gives way to chaos necessary in any process of opening, rupture and creation. This paper outlines two nearly simultaneous proposals expected National Culture Act of El Salvador, a consulting and SECULTURA draft bill formulated by the FMLN, to be presented to the Salvadoran congress in December 2012. Not intended to establish valuation on these, but rather to acknowledge that participation, dialogue, consultation, public scrutiny at last, to make it possible, should be planned with the necessary chaos inherent faults and mistakes before giving way to nostalgia for what never was for the small country culture.

ÍNDICE

1.     Introducción. Página 5

2.     ¿Por qué una Ley de Cultura en El Salvador. Página 8

3.     La propuesta de Ley. Página 10

4.     El proceso de formación de ley. Página 10

5.     El anteproyecto de ley de cultura del FMLN. Página 11

6.     La consultoría de SECULTURA. Página 14

7.     Cuadro comparativo de las propuestas. Página 15

8.     Los desafíos de las propuestas. Página 20

9.     A manera de conclusión. Página 21

10. Referencias bibliográficas. Página 22

La cultura en El Salvador es un tema inacabado. Si las sociedades son dinámicas, la cultura también debe serlo. Bauman lo explicaría así: La cultura es norma y a la vez, transgresión. Pero el país centroamericano refleja en su composición las contradicciones que salpican toda su actividad. Contrastes muchas veces sin fundamento, sentido común, lógica, ni academia. Más allá de la puesta en común de criterios desde diversos paradigmas para encontrar los consensos mínimos en los que el desarrollo del país debería transcurrir, el tema de la cultura como eje fundamental de la actividad salvadoreña aparece frágil en sus orígenes y en su desarrollo.

El Salvador, muestra una mezcla inverosímil de (des) composición: histórica geográfica, política, social y cultural. Estas composiciones arrojan un país  en el que su diseño primigenio no corresponde a su realidad, haciendo del uso y distribución del pequeño territorio una determinante del devenir de su historia. En la actualidad, el territorio ya no es esa determinante de la cultura de la “salvadoreñidad”. La cultura ha sido expresión y, a la vez, un motor del contradictorio nuevo mundo contradictorio de la sociedad salvadoreña de nuestros días. Las aceleradas mutaciones que está viviendo El Salvador lo han colocado en la paradójica posición de haberse convertido en una sociedad transnacional antes de constituirse plenamente como una comunidad nacional. (Huezo Mixco, 2009)

Los diversos períodos de la historia salvadoreña, desde su fragmentación del país original –Centroamérica-  han sido expuestos y publicados desde la perspectiva de quienes pudieron escribirlos. Ni siquiera fueron escritos por quienes la padecieron -o le sobrevivieron-, sino por quienes tuvieron acceso a una postergada negación: el acceso a la educación universal. La historia y la cultura concebida por una ilustrada minoría que ha ejercitado la descripción. Aspectos fundacionales de la cultura de la salvadoreñidad yacen en el oscurantismo -quizá como herencia criolla de la obnubilación cultural  ibérica que oculta a los “vencidos”- y otros tantos, en la mistificación, la mitología y el imaginario cultural nacional creado con premeditación, dolo y alevosía por los círculos ilustrados de principios del siglo 20 a quienes aún se les rinde lisonja.

Estos vacíos apenas encuentran la luz en nuestros días. De haber sido abordados y entendidos los fenómenos culturales en su justa dimensión como propuesta de futuro, de una forma por lo menos genuina,  nos ayudaría a comprendernos como identidad cultural, antes que como parodia de nación, en palabras de Barrios.

No podríamos exigir a aquellos a quienes se les adjudica la creación del imaginario cultural salvadoreño la adopción de las concepciones de la cultura en todas sus dimensiones. Por ello se entiende que el ejercicio de la actividad intelectual como consecuencia del privilegiado acceso a educación de entonces, estribaba mayoritariamente en las bellas artes. Esa concepción incompleta de la cultura, prevalece en nuestros días. Y debemos considerarla incompleta a razón que la cultura de un país, una sociedad, es toda costumbre, tradición, creación material e inmaterial de los individuos que la comprenden. 

La cultura comprende el conjunto de procesos de producción, reproducción, e intercambios simbólicos cuya génesis reside en la dimensión humana y social creativa de sentido que se plasma en realidades tangibles e intangibles. La matriz cultural constituye el tejido en el que los individuos y grupos humanos configuran los sentidos, prácticos, éticos y estéticos, que se expresan  en las obras y los procesos materiales y espirituales que caracterizan a una época y son la base de los imaginarios de pertenencia e identidad con una sociedad o un grupo humano.

El potencial creador humano en su diversidad constituye la base real para que la cultura  ejercida como un proceso de realización de las vocaciones humanas  y del potencial transformador delos individuos y grupos humanos,  cumpla un papel constructivo de articulación social, la cual se nutre de la conciencia de que la dimensión creativa es una condición humana universal. (Anteproyecto Ley de Cultura FMLN, 2012:5)

Sin embargo observar y procurar el desarrollo de las artes como parte de la cultura y la vida de un país, considerado así en la carta magna salvadoreña, es sin duda una necesaria etapa y no el fin en sí misma.  Así lo establece el último considerando de la consultoría contratada por la Secretaría de Cultura del Presidente salvadoreño, concebido para servir de base a la discusión y formulación de la Ley de Cultura del pequeño país centroamericano: Las prácticas artísticas y culturales, así como el Patrimonio Cultural Salvadoreño, generan importantes contribuciones sociales y económicas al país y, en consecuencia, es procedente promoverlas de manera estratégica mediante regulaciones que garanticen su libertad de ejercicio y estimulen sus procesos productivos, de circulación y comunicación en armonía con el derecho de acceso de las personas y los grupos sociales a los bienes, obras, productos, servicios y expresiones culturales.

Este documento, no pretende ofrecer valoraciones sobre las propuestas a presentarse en el congreso salvadoreño, sino establecer que constituyen un aporte que condensa la experiencia del quehacer cultural salvadoreño, sus apropiaciones, desafíos por sortear, aún después de más de siglo y medio de permanente (de) construcción cultural. En caso de aprobarse un Ley Nacional de Cultura, estas no serán las que ahora estudiamos. Sufrirán las irremediables vejaciones propias del negocio político, y por tanto, estamos seguros que el proceso aún con la nueva ley debe continuar en pos de la superación obligada de la experiencia adquirida.

¿Por qué una ley de Cultura en El Salvador?

Siendo que, de la convulsa historia del actual país de El Salvador -y  los territorios que ahora comprende- que se origina en las dramáticas desigualdades, surge la necesidad de comprender los orígenes, las costumbres, los idiomas, tradiciones  de esa población. Estos procesos  conllevan la descripción, investigación, exploración, detalle del patrimonio inmaterial y material, regulación, promoción  y gestión cultural del país centroamericano. Sin estos, no es posible formular las líneas en las que estribará el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, ante la capacidad creadora del ser humano también surge la necesidad de regulación, homologación de los cuerpos de ley que rijan y garanticen la actividad cultural.

Los devenires de la cultura en el país no pueden observarse sin considerar antes sus contextos políticos. Así, la creación del ideario cultural salvadoreño –vigente a pesar de la des territorialización - no fue posible sin el decidido apoyo de los sempiternos regímenes militares desde la creación de la república salvadoreña a mediados del siglo 19, finalmente extinguidos a sangre y fuego hasta 1989 con la elección a través de comicios “libres” del acaudalado empresario Alfredo Félix Cristiani Burkard en medio de la prolongada crisis política, social y militar que asolaba el país. La salvadoreñidad ilustrada de finales del siglo 19 y principios del 20, dejan claro ese apoyo militar desde el Estado para la creación, producción y difusión cultural. Los creadores e intelectuales de la época, escasos como escasos eran espacios de  democratización del país se formaron en el exterior, en las Europas y encontraron en el folklorismo descriptivo, mágico realista un vehículo a los incipientes que conformarían mas tarde el ideario nacional.

Durante la administración Cristiani, se crea en 1991 el Concejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONCULTURA que promulgaría la creación de la ley de protección al patrimonio nacional. Ese concejo –claramente inspirado en el CONACULTA mexicano- no logró transcender los vaivenes políticos, ni los manoseos administrativos.  Mientras funcionó, CONCULTURA fue dirigido por 4 funcionarios: Claudia Allwood (1991-1995); Roberto Galicia (1995-1999); Gustavo Herodier (1999-2004); Federico Hernández (2004-2009), en 20 años de administración bajo la égida del ideario político ultra conservador y transversalizado por la doctrina neoliberal en el diseño económico del país.

Así, entrado en el siglo 21, en el año 2009 con el ascenso al ejecutivo del primer gobierno civil de amplia participación política, también comienza un ciclo de transformaciones por tramos difusas en la institucionalidad estatal por ahora rectora de la cultura nacional. Se crea la Secretaría de Cultura del Presidente, en un esfuerzo por garantizar el flujo y la destinación de recursos del Estado hacia el desarrollo y reformulación institucional sin pasar por la burocracia heredada de la las administraciones previas. La denominación de Secretaría de Cultura del Presidente, pretendía dejar claro el interés del mandatario Carlos Mauricio Funes Cartagena en los asuntos culturales reproduciendo la usanza política de la aparente cercanía del poder ejecutivo hacia la cultura.

Sin embargo, no escapa al análisis que estas concepciones culturales permanecen estrechamente vinculadas al énfasis de la ejecución, conservación y difusión de las artes. Luego de la sucesión de 3 secretarios de cultura en 3 años de gobierno Funes: Breni Hasel Cuenca Saravia (2009-2010); Héctor Jesús Samour Canán (2012-2012)^]; Magdalena Granadino (2012),^] las diferencias y fisuras con disímiles profundidades aparecen en la discusión en la que a paso lento se van involucrando mas sectores y ciudadanos/as que antes no participaban de la formulación de ninguna política cultural. Esta nueva participación abre paso a los disensos, a la ruptura, y estos deben ser entendidos como el caos previo que la historia ofrece para provocar cualquier desarrollo.

Sin duda aparecen voces que califican estos procesos de “desorden”. Tal cual la frustración surge solamente de la expectativa de quien la alberga,  expresiones de “desorden”, ”fracaso”, ”salida en falso” y demás que responden a usanzas y pre concepciones de “orden” que al no reproducirse mas, reflejan la nostalgia de lo que no ha sido.

La propuesta de ley

La ley nacional de cultura parte de la necesidad de normar la gestión cultural, las entidades intervinientes, los creadores y artistas, los aspectos económicos derivados de la creación cultural, de la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible y todo sobre la base de consenso sobre los paradigmas y raíces epistemológicas de las propuestas por parte de los sectores de la sociedad.

La iniciativa de ley de 2012, busca amparar otros cuerpos legales vigentes, y salvando las diferencias y similitudes, los documentos que nos ocupan sugieren la creación de una estructura con funciones claras que están entre las competencias de otras instituciones, por ejemplo, sobre la formalización de la educación de los artistas, que por ahora corresponde al Ministerio de Educación.

El proceso de formación de Ley

El artículo 133 de la Constitución de la República de 1983, establece que: cualquiera de los 84 diputados, así como el presidente de la república a través de sus ministros, tienen la facultad de presentar a la asamblea legislativa proyectos de ley, es decir, de hacer que se inicien el proceso para determinar sin un determinado documento que ellos presentan con la forma y el contenido de una ley se convierte en tal, después de seguir todo el proceso establecido en la constitución.

El art.135 dice: El proyecto de ley, ya convertido en decreto legislativo, se envía al presidente de la república. Si el presidente de la república no tiene ninguna objeción para que ese decreto legislativo se convierta en ley, le debe dar su sanción y mandarlo a publicar.

El proceso de formación de la ley finaliza con su publicación en el Diario Oficial, y transcurrido el plazo que ella misma señale, será de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes.

Para el año 2011, inicia el proceso de contratación por parte de la Secretaría de Cultura del Presidente de una consultoría que serviría de base a la presentación de un anteproyecto de ley usando el ejecutivo como proponente al congreso. El abogado colombiano, Gonzalo Castellanos, quien ha participado en la formulación de las leyes de cine en Costa Rica y Colombia, fue contratado para ello. La propuesta resultante contempla reformas a la estructura vigente de la gestión estatal de la cultura en el país.

El mismo año, la secretaría de arte y cultura del FMLN, inicia su proceso de revisión bibliográfica que daría sustento al anteproyecto de ley. El proceso de revisión y formulación de la propuesta le fue encomendada a la ex secretaria de cultura, Breny Cuenca con el respaldo político de la diputada Lorena Peña: "Entendimos que la misión principal era proponer un marco regulatorio en arte y cultura de acuerdo a los compromisos que el partido adquirió en las mesas de diálogo social abierto”, afirmaba sobre el proceso la congresista y también secretaria nacional de arte y cultura de ese partido. (Faro, 2012)

Ambos procesos aparecen simultáneos.

El anteproyecto de Ley de Cultura del FMLN

Breny Cuenca, doctorada en pensamiento latinoamericano en México, fungió como primera secretaria nacional de cultura, nombrada y despedida del cargo por el presidente Funes bajo inciertas razones. La académica acepta el desafío de encabezar la formulación del anteproyecto de ley que presentaría la secretaría nacional de arte y cultura del FMLN.

El insumo principal para este trabajo iniciado a mediados de 2011, son la recopilación de aportes de la consulta realizada por ese partido en lo que se denominó “Diálogo Social Abierto”, en el que participaron las comunidades y organizaciones relacionadas a la creación artística y cultural del país y que sirvió en la plataforma electoral para los comicios de marzo de 2009.

Este proceso resultó tortuoso, muchas veces sirvió para exponer el entramado difuso propio del tormento de los artistas y demás participantes sin dejar conclusiones concretas. Aún así, los aportes fueron considerados con la promesa de ser incluidos una vez se llegara por la vía electoral al ejecutivo de la república.

La comunidad cultural del país nunca antes había manifestado tanto interés en ese proceso, ni creado tantas ansiedades. Así lo consignó un periódico digital 5 días después de la toma de posesión de Funes:

·        Más de 300 artistas acudieron este miércoles a la convocatoria realizada por el gobierno de Mauricio Funes para presentar candidatos a la presidencia de Concultura. La ilusión se desvaneció cuando con un retraso de una hora y media el secretario de Comunicaciones, David Rivas, les comunicó que el gobierno solo había pensado en facilitar el salón del hotel, una mesa de moderadores, agua y café. La propuesta de candidatos sería decisión de los invitados. A partir de ese momento afloraron el enojo, la indignación y hasta los insultos. http://www.youtube.com/watch?v=1Vc-vg2H-g0

Luego de sucesos poco claros y el rumbo sinuoso de la recién creada Secretaría de Cultura del Presidente Funes –que a mediados de 2011 era dirigida por Héctor Samour- el FMLN retoma la cultura dando nuevo impulso político a la Secretaría Nacional de Arte y Cultura de ese partido. Esa formación política, es la única en El Salvador con una secretaría para esos temas culturales, aunque al interior de la entidad los conceptos de cultura, arte y los intereses inherentes, no siempre fueron claros ni establecidos en su programa político ni en su agenda política.

No obstante, el proyecto formulado por Cuenca, fue sometido al escrutinio y aporte de la comunidad cultural. Cuenca relata que para llegar a ese punto, fue necesaria la revisión de 120 documentos, entre tratados internacionales, leyes de cultura latinoamericanas, entre otros. Entre los meses de julio y septiembre de 2012, la comunidad cultural fue convocada para brindar esos aportes al documento preliminar. La discusión se realizó a través de mesas de trabajo durante 4 jornadas en las que se discutieron conceptos, y cuestiones de fondo y forma como la discusión artículo por artículo del anteproyecto.

La consulta se publicó también a través de redes sociales, espacios llamados a recibir cualquier aporte de la comunidad cultural y ciudadana salvadoreña en el país y fuera de este, para ser categorizados e incorporados si estos mostraban no ser reiterativos respecto al resto del cuerpo legal. “Cualquier aporte por mínimo que sea, debe ser revisado e incorporado al anteproyecto”, nos dice la ex secretaria de cultura.

La coordinadora del equipo de la secretaría de arte y cultura del FMLN, encuentra coincidencias respecto a  la consultoría realizada para la  SECULTURA. La más importante según dijo, es la misma raíz epistemológica que establece Gonzalo Castellanos en la redacción de su documento.

No obstante considera que la diferencia sustancial estriba en la garantía de la participación social en las políticas culturales del país a través del FONCA que también menciona el documento de Castellanos, pero que no desarrolla los alcances del mismo. Cuenca explica que la propuesta establece  que las organizaciones y colectivos pasan a competir con jurados colegiados de la sociedad civil relacionados a la cultura y las artes por la obtención de recursos del Estado para la ejecución de iniciativas culturales a través de las empresas culturales creativas, que se regirán también por la definición establecida por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP. El Estado pasa ser de ente vertical a fomentar estas iniciativas. Cuenca explica que el Estado en la ley fomenta y facilita recursos y no está presente siquiera en la ejecución de los proyectos.

El documento también pretende ascender el rol de la institucionalidad del Estado para temas culturales a través del a creación del Ministerio de Cultura que también menciona la consultoría del ejecutivo.

La consultoría de SECULTURA

Si bien la ex secretaria nacional de cultura del presidente Funes, Breny Cuenca, reconoce el aporte de la consultoría dirigida por el consultor colombiano en cuanto a las raíces epistemológicas, para Magdalena Granadino, actual funcionaria a cargo de SECULTURA ese documento no concuerda con la realidad del país. (El Faro, 2012)

El documento resultante de la consultoría a juicio de la funcionaria, es muy parecido a una ley, no obstante su redacción no lo es. El documento plantea también la creación del Ministerio de Cultural y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. (Faro, 2012)

Un borrador fue presentado ante la comundiad cultural. Durante la jornada aparecieron cuestionamientos sobre el contenido distribuído a los asistentes. Asimismo se cuestionó la representatividad de los consultados al ser  la mayoría empleados de SECULTURA.

Castellanos abandonó el país en circuntancias poco claras. El documento filtrado a la opinión pública ha padecido cuestionamientos. Las autoridades siguen sin dar detalle de la propuesta final.

Las propuestas

Anteproyecto de Ley del FMLN

Consultoría de SECULTURA

El objeto de esta Ley Nacional de Cultura se centra en  desarrollar y ordenar el marco legal sobre Cultura previsto en la Constitución Política de El Salvador y establecer los principios fundamentales, las definiciones, la institucionalidad y los principios de la política estatal de cultura a fin de proteger los derechos culturales estipulados en la Constitución. Presenta como ámbito de aplicación  los distintos ámbitos de la vida social, económica, política y cultural de la República de El Salvador. Las disposiciones, derechos y obligaciones establecidas en esta ley son de aplicación a toda persona nacional o jurídica que se encuentre o actúe en territorio salvadoreño. Una de las similitudes es la conceptualización de los términos que se utilizan en las diferentes propuestas. Los fundamentos de dicho anteproyecto se  centran en derechos, deberes, respeto a la propiedad intelectual, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural. Reconoce que una de las obligaciones del Estado es investigar, identificar, rescatar, registrar, preservar restaurar, proteger, custodiar, difundir y propiciar el incremento del Patrimonio cultural tangible e intangible. Incorpora el tema de la dignidad humana y la participación ciudadana como ejes importantes del anteproyecto. De igual forma involucra el tema de lenguas oficiales, diversidad cultural, igualdad cultural, identidad cultural, derechos culturales  y diversos ámbitos culturales. Entre los principios más relevantes  que retoma este anteproyecto en el tema  de la política cultural se menciona: La cultura como servicio público Como prioridad del Estado Como rescate de la memoria histórica Como principio de conocimiento e investigación. Promoción y fomento de iniciativas ciudadanas Articulación del Estado para impulsar la cultura. El tema de los derechos de los pueblos originarios, las tierras, derechos, intereses, educación para y sobre los pueblos originarios son elementos que se incorporan. La gestión estatal de la cultura también es retomada como un elemento que impulsará más el tema de cultura con la creación del Ministerio de Cultura como ente rector. La gestión de la  cultura a nivel local retoma los aspectos de creación de departamentos o unidades de cultura en el municipio, también el tema de patrimonio cultural local, realización de juegos florales para promover nuevos talentos artísticos. Retoma el fomento de educación artística  formal e informal, la asistencia de teatros y formación del público estudiantil, la creación del Instituto Superior de Arte y el Centro de Formación de Escritores. En el tema de gestores culturales retoma ideas como Escuelas Vivas, formación de profesores de educación artística y literaria, fomento de producción artística, creación de compañía nacional de Teatro, la organización de Casas de la Cultura y la promoción de Artistas Nacionales. En el tema económico incorpora el Fondo Nacional de Cultura FONCCA y sus programas como Becas de estudio, fideicomisos para el arte y la cultura, coordinación entre ministerio de cultura y educación. En el área de cinematografía, retoma el tema de la producción cinematográfica y  de las artes audiovisuales. Propone la creación del Instituto Salvadoreño de Cinematografía funcionamiento y conformación. Propone también el régimen laboral y protección social de los trabajadores de la cultura y el arte. Incorpora el tema de los artistas creadores, investigación cultural artística e histórica, economía de la cultura, empresas culturales creativas, el tema de las artesanías, patrimonios. Para finalizar el anteproyecto con el tema de las Proyecciones culturales en El Salvador y en el exterior.

Este anteproyecto tiene como objeto, desarrollar  derechos culturales de las personas y de la Nación en su diversidad, como parte esencial de un propósito común del Estado y de la sociedad civil hacia el desarrollo social y económico con sentido humano, ético y equitativo. Tiene como campo de aplicación a toda la ciudadanía, pero no cualquier ciudadanía, sino una ciudadanía que ejerza cultura mediante la eliminación de barreras de género, materiales, sociales o económicas, entre otras,  para la creación artística y cultural y para el acceso libre y equitativo de las personas a los bienes, obras, productos, servicios y expresiones de la cultura nacional y universal. Una de las similitudes es la conceptualización de los términos que se utilizan en las diferentes propuestas. Menciona la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Cultural. La creación de un Consejo Nacional de Cultura. También considera la creación del Ministerio de Cultura. Incorpora el tema de la representatividad y participación sectorial en el Consejo Nacional de Cultura. En lo local incorpora la idea de la participación y control de comités zonales de cultura. Considera importante la creación del Sistema Nacional de Formación y educación Artística  y musical, que incorpore las Escuelas de Artes y música. Incorpora una programación de control social y mesas de competitividad y creatividad. Propone la creación de un Sistema de Información Cultural que incorpore Patrimonio cultural, registro de  bienes culturales tangibles e intangibles. Incorpora el tema de hallazgos arqueológicos y patrimonio cultural subacuático. Incorpora el tema de cómo salvaguardar expresiones culturales. Derechos colectivos. Incorpora muchos aspectos regulatorios y sancionatorios. Sobre el arte y la música desarrolla ideas de trabajo intersectoriales, como promocionar estas áreas y como venderlas dentro y fuera de nuestro país.  Incorpora  el cómo promover la Industria cinematográfica y como impulsarla. También retoma el tema del Fondo de Cultura.

Los desafíos en las propuestas

Ambos documentos no establecen criterio sobre el rol de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las políticas culturales. De hecho es un sector incipiente en similares cuerpos de ley en las Américas. Tampoco se mencionan iniciativas de desarrollo de la ciencia y tecnología, ni sus obligadas relaciones con otras entidades del Estado respecto a ese tema.

Los documentos sufrirán irremediablemente modificaciones en el transcurso de los vaivenes de las discusiones en el parlamento. Conforme a esto, se prevé haya elementos que no pasen por el agrado de los partidos políticos, considerando la resistencia natural inherente a los sectores de la sociedad y sus intereses representados en el seno legislativo.

El desafío de las propuestas en ese escenario es pues, que de esas discusiones sobrevivan los aspectos clave para el desarrollo cultural del país, aún y cuando otros temas relevantes pudieran esperar para ser retomados en otras fases de este proceso de desarrollo de la ley.

Para Breny Cuenca, un aspecto irrenunciable del contenido de las propuestas cuando estas pasen el filtro de  la discusión legislativa, son aquellos relacionados a garantizar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas del país como la creación del FONCA, entre otros.

A manera de conclusión

Está claro que la trayectoria de la gestión cultural desde el Estado Salvadoreño describe un trayecto sinuoso. 3 secretarios de cultura en 3 años es la principal evidencia. Y está clara la necesidad de la creación de la Ley de Cultura para el país. Mucho se ha dicho luego del proceso llevado desde la creación de SECULTURA en 2009. Muchos se ha escrito también. Lo que debe quedar aún más claro, es que la cultura excede con creces las fronteras que la comunidad cultural dibuja sobre sí misma. Es un tema que es de incumbencia de cada salvadoreño/a en el territorio o fuera de él. Ningún desarrollo se piensa, escribe o ejecuta sin que pase por el desarrollo cultural de los pueblos. Porque sencillamente cultura es toda actividad humana, imbricada en toda la vida de los países, de las sociedades, pese que a que en esta etapa aún se prioriza la gestión de las artes y sus normativas. Que exista un sinuoso camino recorrido, es la principal evidencia que se marcha, aunque esta sea errática, ha de encontrar el rumbo. Y el consenso de este rumbo, desde la perspectiva de la participación, el diálogo y la democracia incipiente, debe pasar por estadios complicados, problematizantes, escabrosos, muchas veces presa de los tormentos propios de los artistas y la sensibilidad ante la realidad. Asumiendo estos estadios, necesarios y obligados, se evitará el determinismo, el fatalismo característico en aquel/a que cuando  no logra ver con exactitud su voluntad, recurre a la creación de expectativas y nostalgias de lo que nunca fue.

La propuesta de creación de ley nacional de cultura no está  exenta del vaivén político, esta vez en el congreso. Las propuestas deberán introducirse antes de finalizar 2012 para que siga el natural curso durante 2013.  El reloj avanza, y no dejará de hacerlo, pero el país ya esperó lo suficiente. Y las propuestas deberán superar este escollo legislativo y salir incólume con los aspectos irrenunciables que señalen que el país por fin ha avanzado en su cultura, en sus cimientos.

Referencias bibliográficas:

·        Huezo Mixco, M. (2009) Un pie aquí y otro allá. Los migrantes y la crisis de la identidad salvadoreña. Centro Cultural de España. Extraído el 1 de noviembre de 2012 de  http://www.ccespanasv.org/files/LibroUnpieaqui.pdf

·        El Faro (2012). 10 cambios que la cultura no acepta. Extraído el 1 de noviembre de 2012 de http://www.elfaro.net/es/201208/el_agora/9534/

·        El Faro (2012). Una salida en falso para la ley nacional de cultura de El Salvador. Extraído el 1 de noviembre de http://www.elfaro.net/es/201208/el_agora/9515/

·        El faro (2012) En un escenario de discusión democrática se podrían superar los obstáculos. Extraído el 1 de noviembre de 2012 de http://www.elfaro.net/es/201208/el_agora/9519/

·        Castellanos, Gonzalo. (2012) Borrador Ley de Cultura. Secretaría de Cultura de la Presidencia. El Salvador.

·        Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Secretaría de Arte y Cultura. Anteproyecto de Ley Nacional de Cultura y Arte.(2012) El Salvador.