La transparencia por el bien común y el
interés público. Escrutinio a la cosa pública y a la privada.
Por Herbert Vargas
La transparencia
es una tendencia de nueva aplicación en la región latinoamericana. Como su
implementación enfatiza el ejercicio público, depende de variables, ritmos,
pulsos y vaivenes políticos. En El Salvador el proceso inició con la promesa
del entonces candidato de la izquierda, Carlos Mauricio Funes Cartagena, por
transparentizar, modernizar y profesionalizar el ejercicio público.
Esta decisión más
que una promesa vacua, constituye una urgencia en la administración del pequeño
país centroamericano. Así, en la coyuntura política de la que emerge el primer
presidente representante de un proyecto político de amplio espectro, comienza
la empresa de construir un andamiaje en la que el ejercicio público se
visibilice para el escrutinio incipiente de la ciudadanía y cuyos alcances
estribarían en la participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos
que eligen. . Esta empresa no tiene precedentes en el país, que al igual que el
resto de países latinoamericanos fue sometido a las inequidades de todo tipo,
incluyendo las correspondientes a las asimetrías de información de la cosa pública (Vergara,
2008).
La opacidad en
el ejercicio público ha sido la usanza en el desarrollo histórico de las
sociedades latinoamericanas. A fuerza de sangre y fuego los regímenes militares
que asolaron la región, dieron rienda suelta a uno de los fenómenos culturales
que hace posible el subdesarrollo. La aplicabilidad de los fenómenos culturales
se da en todos los individuos, organizaciones en una sociedad. Así el Estado es
la entidad llamada a reprimir la voluntad de los ciudadanos a través de a ley y
las instituciones. Estos conceptos del Estado moderno adoptados por la
democracia representativa vigente, abarcan a toda la sociedad, a todos los
individuos, a todos los sectores. La plataforma económica del Estado es la
determinante sine qua non puede entenderse el ejercicio transparente de la cosa
pública. Sin embargo esa plataforma económica no se explica sin en concurso de
la ciudadanía. En el estado actual de cosas ese concurso se evidencia en el
mercado, compra venta de cosas y servicios, a través de la ley y los derechos,
de las obligaciones, y la suma de estas actividades no son posibles en un
escenario fuera de lo público…y de lo privado. Si bien es cierto que la
transparencia en El Salvador, por ahora abraza exclusivamente el ejercicio
público, es menester ampliar, extender el panorama hacia lo privado, hacia el
interés público.
La historia
demuestra cada vez más la activación de la dicotomía entre lo privado y
público, una relación mutuamente incluyente. Esta relación –muchas veces
tortuosa- obliga a que desde el ente
responsable de regir a la sociedad en su conjunto –El Estado- emane la ley, que
deberá aplicarse a la totalidad de la ciudadanía, sin ambages, ni dobleces,
derrumbando las mistificaciones en que
la sociedad salvadoreña había estado acostumbrada a vivir:
“Otro mito que se ha derrumbado es el de la transparencia empresarial, al
igual que han perdido credibilidad las ideas propagadas desde los círculos
empresariales acerca de la superioridad administrativa y ética del sector
privado sobre el sector público. No hay que perder de vista que en un momento
en el que la lógica del mercado se impone sin resistencias por el mundo, los
epígonos del neoliberalismo no se cansan de repetir la tesis de que el sector
público es, por naturaleza, ineficiente y corrupto, mientras que el sector
privado empresarial tendría como características distintivas la eficiencia y la
honestidad”. (El caso Mathies Hill: los empresarios y la sociedad civil
ante la transición democrática Revista ECA. UCA Editores. Obtenido el 7 de diciembre
de 2012 desde http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585com1.html)
Y es que existen
sobrados casos en el mundo en los que ante una crisis del sector privado, es la
sociedad en su conjunto termina pagando. Las ganancias son privadas, los costos
públicos. Lo privado no significa un blindaje en sí mismo. Privado denota el
usufructo de las condiciones que ofrece la sociedad a través del Estado, para
la consecución del lucro. El sector privado es una connotación eminentemente
económica. Se refiere al lucro, a la obtención de la ganancia, al mercado. Este
sector no puede existir sin el andamiaje que provee el Estado y la
administración de este se le confiere el epíteto de “lo público”. Exceptuando
las ganancias, las actividades del sector privado incumben a la sociedad en su
conjunto. La tranza de materias primas, recursos naturales, humanos, técnicos y
servicios para su transformación en ganancias, son obtenidas desde las
condiciones propuestas en la sociedad a través del Estado. Por ello, las
implicaciones de sus actividades incumben a la sociedad entera, y eso pasa
también por la transparencia.
La toma de
decisión en el ejercicio público no deja margen a la buena voluntad. A razón de
la decisión política del actual presidente Funes, y de suficiente antecedente
histórico sobre usos y mal usos de la cosa pública salvadoreña, se inicia en
2011 el proceso de construcción del andamiaje que dará vida a la Ley de Acceso a la Información Pública
vigente desde el 7 de mayo de 2012. No obstante queda un claro desafío para que
los alcances de la Ley
cubran lo suficiente a todos los sectores de la sociedad, mas allá de la
plataforma económica en que se desarrolle cada sector, por el bien común
establecido en la
Constitución de la República y por el interés público. Esta brecha
ya ha sido planteada desde la academia:
Que empresarios inescrupulosos atenten contra la estabilidad económica y
pongan en riesgo la credibilidad del sistema financiero es algo que no debería
ser preocupación sólo de la clase política, sino preocupación de todos los
salvadoreños. La indiferencia ante los problemas nacionales que ha predominado
hasta ahora debe ser reemplazada por una vigilancia activa. Sólo así se podrá
poner un alto a los desmanes de empresarios y políticos deshonestos; sólo así
quienes poseen una cuota de poder económico o político sabrán que ello no los
convierte en amos absolutos de El salvador. (El caso Mathies Hill: los
empresarios y la sociedad civil ante la transición democrática Revista ECA. UCA
Editores. Obtenido el 7 de diciembre de 2012 desde http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585com1.html)
¿Beneficios privados, costos públicos?
Para comprender
la transparencia desde la perspectiva salvadoreña, es menester visitar los
principales antecedentes que evidencian la opacidad en el ejercicio público y
cimentar con ello la necesidad que la transparencia amplíe sus alcances al
sector privado, considerando que en los 20 años que antecedieron al ascenso del
primer gobierno de amplio espectro en El
Salvador ,esta frontera entre lo público y privado fue casi inexistente a razón de los programas
de ajuste estructural que promulgaban la disminución del aparato estatal bajo
la figura de privatización de los recursos estatales a concesiones a través de
subterfugios legislativos.
Este modelo,
implementado a pie juntillas en El Salvador, provocó que la delgada línea en
tramos inexistente, entre los grupos empresariales y los administradores del
Estado no contuviera la tentación de usufructuar el Estado para beneficio
privado. Esta consideración cobra fuerza a razón del tamaño del mercado
salvadoreño, en la que los negocios de máximo interés público, como el bancario,
se reducen a un puñado de familias dedicadas al sector.
El caso Mathies Hill (1)
A finales del
siglo 20, en pleno apogeo del modelo económico neoliberal, los servicios
florecieron en El Salvador. La privatización de la banca, aparece como festín
para el puñado de familias de inversores en el negocio emergente. Si bien la
rentabilidad es de exclusivo goce de los inversionistas del sector, la razón de ser de su giro, estriba
en el manejo de fondos del público, sujeto a regulación del Estado. La figura
de la mano invisible, funcionó. Interesante resulta conocer lo que la gente
hace cuando nadie la ve. Más interesante resulta conocer los que la mano invisible
del mercado no pudo contener. Un ardid jurídico reza que Todo lo que la ley no
prohíbe, se puede hacer. Así, fueron desaparecidos fondos públicos de empresas
privadas que la sociedad en su conjunto debió salir pagando. De estos casos surge la necesidad de
establecer “la otra mano”, que sea capaz de contener las tentaciones para que
desde lo privado se manipule el interés público en la opacidad de una mano que
aunque “no se ve”, no transparenta.
En esta
necesidad de transparentar el ejercicio privado en el bien público basaría el
accionar del Estado con la creación de la superintendencia del Sistema
Financiero, llamada a escrutar los ejercicios financieros de la banca, con la
misión de: “Supervisar la actividad individual y consolidada del sistema financiero
bajo el enfoque integrado, para contribuir a preservar la estabilidad,
eficiencia y transparencia del mismo, cooperando de esa forma con la adecuada
protección del usuario financiero”.(2)
En julio de
1997, el Estado Salvadoreño intervino a las financieras FINSEPRO e INSEPRO por
operaciones ilegales de traslado de fondos (3). La noticia corrió y cundió el
pánico en los inversionistas que se agolparon a las puertas de las financieras.
El monto de las estafa ascendía a 1500 millones de colones (moneda nacional de
la época). Por la estafa fueron
detenidos los directivos de las financieras. El Estado creó un fideicomiso
especial para resarcir a las víctimas por un monto de $120 millones de dólares.
Bajo acusaciones de que las financieras imputadas” maquillaron” su estado
financiero engañando así a las autoridades, los afectados interpusieron un
recurso ante la Corte Suprema
de Justicia quien finalmente falló a favor del Estado sobreseyéndolo a cancelar
$60 millones reclamados por los afectados. En junio de 2001, Roberto Mathies
Hill, presidente de las financieras intervenidas, fue absuelto de todo cargo.
El Caso Guillermo Maza.
Minimizar el
Estado. Cortar la grasa de la economía (Estado). Eliminar la burocracia y la
ineficiencia estatal, son algunas de las premisas adoptadas por las
administraciones neoliberales de finales del siglo 20 y principios del 21, en
El Salvador. Esta minimización, llevaría
a que los servicios que antes proveyó el Estado, fueran ofrecidos por
empresas privadas con supuesta mayor eficiencia.
¡Todo lo que la ley no prohíbe, se puede
hacer! En ningún cuerpo legal salvadoreño se establece el empobrecimiento de
servicio estatal como política pública. No obstante fue la usanza oficial que
se tradujo en beneficio para el sector privado.
El
empobrecimiento en la calidad de los servicios públicos de salud, favoreció por
más de 2 décadas al sector privado. Los administradores del sector privado de
salud, “recomendaban” a sus pacientes el uso de los servicios privados en busca
de calidad en la atención. Así, el ex ministro de salud nombrado por el ex
presidente Antonio Saca, es a la vez de máximo titular de salud del país,
propietario de clínicas privadas que entre los servicios ofertados se encuentra
la tomografía axial computarizada, TAC.
Durante los años
de su administración, los aparatos TAC de los principales hospitales nacionales
del país (Rosales, Maternidad e Infantil), cayeron en deterioro. El Estado
manifestó no contar con los recursos para adquirir nuevo equipo. Cada máquina
está valorada en $1.5 millones aproximadamente. Para suplir la demanda de estos
exámenes, bajo sugerencia del Ex ministro, los pacientes acudían a su clínica
privada, los que eran referidos del sistema público pagaban una cuota
preferencial de $150 aproximadamente, precio inalcanzable para la mayoría de
los usuarios de servicios públicos de salud en el país. Sin embargo, la ley no
impedía esa práctica. El ex ministro manifestó en aquella época que hacía labor
altruista al atender la demanda insatisfecha por los exámenes que el Estado no
podía proveer. (4)
La crisis global que todos pagamos
«El estallido de la crisis económica de 2008
puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los Bancos centrales
tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario». Tras
varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el fenómeno colapsó entre 2007
y 2008, causando la quiebra de medio centenar de bancos y entidades
financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de
consumo y ahorro de la población.
George Soros
España,
Portugal, Grecia, Islandia y próximamente Italia, son tan solo algunos casos en
los que la especulación de capitales provoca profundas fisuras en el
planteamiento económico que finalmente afecta a sus poblaciones. Así, la banca internacional cuyos réditos
benefician a sus inversores, entra en ciclo catastrófico cuyos costos la
sociedad en su conjunto debe asumir.
Para el caso
español, se estima que la deuda pública supera 4 veces al PIB. Una política
macroeconómica de salva taje en detrimento del interés público. Decisiones
privadas que la sociedad española paga con creces. La política de” rescate” de
las decisiones privadas en la banca española apuntan hacia la privatización de
los servicios de la sanidad pública entre otros importantes recortes en
educación y pensiones. En total, las comunidades autonómicas españolas, la
ciudadanía ibérica estaría pagando 292.000 millones, casi un 30% del PIB. (5)
En los Estados
Unidos la crisis comenzó a percibirse a inicios del siglo 21. Siendo los
sectores más afectados de la economía el bursátil e inmobiliario. Así tras
numerosos escándalos de incremento de salarios a los funcionarios bancarios y
la deprimente situación de la economía estaunidense frente al auge del BRIC
y la guerra de divisas, puso a prueba la paciencia de los ciudadanos
promedio quienes descontentos, conformaron el Movimiento Occupy, en protesta de una crisis que no compraron
pero que deben pagar. Según cifras entregadas por la Fundación Homeless
on the World, se estima que cerca de un 15% de la población norteamericana
perderá sus viviendas por las altas tasas de interés que se aplicarán a sus
hipotecas y que las harán “imposibles de cancelar”.
Transparencia: Escrutinio a la cosa pública
y a la privada.
Vergara afirma
que “la transparencia es el compromiso que establece una organización
gubernamental por dar a conocer al público que lo solicite la información
existente sobre un asunto público”.
(Vergara, 2008, pág.18). No
obstante, la historia nos provee demasiados ejemplos que evidencian la urgente
necesidad de extrapolar este concepto.
Define las asimetrías de la información como el fenómeno cotidiano que
evidencia la necesidad de la transparencia en las organizaciones públicas. La
transparencia antecede a la rendición de cuentas. Hace posible que la
ciudadanía demande mejores servicios; incentiva al funcionario público a
mejorar su desempeño y previene actos de corrupción.
Las
implicaciones de la transparencia como valor cultural debe ser aplicables a la
sociedad en su conjunto, tal como es aplicable la ley a todos los ciudadanos,
sin excepción. Sin embargo la tendencia regional es transparentar el ejercicio
de la cosa pública y las razones sobran.
El acceso a la
información pública – de interés público- no es de exclusiva responsabilidad
del aparato estatal. En el estado actual de cosas, también el sector privado
usa información privilegiada de interés público. Para el caso salvadoreño, el
registro de personas naturales, la banca privada que maneja fondos públicos, el
sector privado de servicios de salud son tan solo algunos ejemplos que no
deberán escabullirse en los subterfugios del pasado para no ser regulados o
cuestionados por las instituciones del Estado, de la sociedad.
Sin embargo la
ley vigente ve limitado sus alcances, así lo demuestra la Ley: Objeto, fines,
principios y definiciones Objeto
Art. 1. La
presente ley tiene como objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona
a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las
actuaciones de las instituciones del Estado.
Entre los
considerandos de la ley, podría interpretarse que ciertas funciones aplicables
para el sector privado con interés público están depositadas en otras normativas como la Ley de ética Gubernamental (no
vinculante según el caso), o en las leyes de creación de cada entidad como las
superintendencias de pensiones, financiera, electricidad y telecomunicaciones
respectivamente, basadas en códigos
vigentes y en la Constitución de la República.
El uruguayo
salvadoreño Marco Rodríguez fue nombrado por el Presidente Carlos Mauricio
Funes como sub. Secretario de transparencia y anticorrupción honrando con ello
su compromiso de campaña.
Admitiendo que la Ley es de obligatoria
aplicación para todos los ciudadanos por igual y asumiendo que la información
pública no es de exclusiva administración del Estado; advirtiendo además las
competencias asumidas por otras normativas respecto a la ética y el escrutinio
especializado sobre instancias privadas de interés público (Superintendencias
de telecomunicaciones, salud, pensiones, etc), se le consultó al sub secretario
sobre la pertinencia o no de la aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública
mas allá del Estado, y esto fue lo que nos dijo:
“La LAIP como
mecanismo legal (se basa) en las reglas del sentido común. Debo decir que LAIP
es una obligación ética de los agentes de la sociedad. No conozco sociedades transparentes
con gobiernos corruptos. El estado tiene una responsabilidad especial pero no única.
Es estado por cierto puede ser una herramienta importante de desarrollo, esto
no exime que las ONG´S no sean transparentes. FESPAD ya hizo su rendición de
cuentas de una iniciativa privada y les felicité por ello”. (8)
A manera de conclusión
Schelder (2008),
nos advierte sobre la pertinencia de no confundir meras y estrechas usanzas
como la regulación y control con la transparencia. La rendición de cuentas es
un acto tan solo de la transparencia. La capacidad de dar respuesta ante el
cuestionamiento de las razones (cuentos) e información (cuentas) al respecto de
algún resultado. La contraparte de la opacidad tradicional en nuestros estados
latinoamericanos. Sin embargo, transparencia va más allá. Es un concepto
íntimamente ligado al diseño del poder en la sociedad latinoamericana, que
responde a la diferenciación puntual entre Estados y gobiernos.
La transparencia
debe ser entendida como valor cultural, como un medio para un fin. La
transparencia es un estadio. Aunque no este establecida en la LAIP salvadoreña, deberá
integrar nuevas concepciones, de poder, de estado, de la sociedad, de
profundización de la participación ciudadana.
La transparencia
no debe reducirse al conjunto de normativas y actos legalmente regulados sobre
rendición de cuentas en la cosa pública. Esta ley debe considerar a todos los
sectores de la sociedad como considerados están en el andamiaje legal del
Estado todos los ciudadanos. Esta ley no debe ser la excepción. No considerarla
así es conformismo. Es legitimar el valor simbólico de antiguos roles de los
sectores de la sociedad que palidecen ante los nuevos tiempos. Es redundar y
condenarnos...a la democracia representativa.
Referencias bibliográficas
(2)
Superintendencia del Sistema Financiero
Ley de Acceso a la Información Pública
de El Salvador. (2012). Obtenida desde www.minec.gob.sv
